Solo el 5% de cinco millones de aportantes se beneficiarían con la ley de inafectación a las gratificaciones

  • Próximo gobierno tendrá que dictar otras medidas que por ahora son imprevisibles, señaló la Presidenta de EsSalud.

 

  • Recorte de recursos al Seguro Social debe partir de una decisión técnica rigurosa

 

La Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo,  junto a su equipo médico y administrativo, invocó a los legisladores a reflexionar respecto a la argumentación jurídica que respalda la observación de la autógrafa de la ley que propone la permanente exoneración de los descuentos las gratificaciones, actuando en el marco constitucional.

 

Baffigo coincidió con el Poder Ejecutivo que la norma observada  es inconstitucional, debido a que afecta el derecho de la seguridad social. Además, porque el desfinanciamiento afectará la calidad de los servicios que EsSalud brinda, vulnerando el mandato constitucional (artículos  9,10 y 11 de la Constitución Política del Perú).

 

Además, dijo que sólo el 5% de los que aportan a EsSalud, y que tiene altas remuneraciones, se beneficiarán con el 38% del dinero que dejará de recibir el Seguro Social cada año. En tanto que la gran mayoría, es decir el 95% de los afiliados, solo accederá al 62% de este monto. “Esto da cuenta de la irracionabilidad de la medida, puesto que sirve a una minoría que tiene altos ingresos”, argumentó.

 

OPINIÓN DE JURISTAS

La Presidenta Ejecutiva de EsSalud señaló que la posición del Gobierno peruano coincide con opiniones de expertos constitucionalistas del país consultados por EsSalud en el 2014.

 

Enfatizó que, según el constitucionalista Javier Valle Riestra, EsSalud financia sus prestaciones con las contribuciones de empleadores y pensionistas, sin que exista financiamiento adicional para la cobertura. Precisa que cuando se afecta su presupuesto se vulneran dos derechos fundamentales: la seguridad Social y el principio de solidaridad.

 

En ese sentido, opinó que reducir los ingresos o aportes de EsSalud trae un perjuicio potencial en los servicios del Seguro Social, que se traduce en la alteración del presupuesto anual y la base de cálculo actuarial de proyección de dichos servicios.

 

Asimismo, señala que se vulnera el principio constitucional del equilibrio presupuestario (artículo 78º de la CPP).  Este principio implica que no puede establecerse un gasto no financiado, por lo que “no puede reducirse el ingreso sin reducir los gastos”.

 

“Este aspecto fue advertido por el Ejecutivo durante el gobierno del expresidente Alan García, quien también observó la autógrafa de la Ley 29351, según consta en el oficio enviado por Palacio de Gobierno al Congreso, el 21 de enero de 2009″, puntualizó.

 

ESTUDIO ACTUARIAL OIT

En otro momento, Baffigo informó que a finales de julio EsSalud dispondrá de un nuevo estudio actuarial, encargado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recordó que la OIT, en el estudio actuarial del 2012, advirtió que mantener la exoneración afectaría la sostenibilidad financiera de la institución.

 

“El recorte de 854 millones en el 2014 se traduce en 2,458, 857 consultas; 57,233 días de hospitalizaciones, y 44,552 operaciones, que podrían haberse realizado de haber contado con los recursos no percibidos o construir 8 de hospitales similares al Nuevo Centro de Emergencias Rebagliati, que inauguraremos este año”, indicó.

 

 

FITCH RATINGS ASEGURA PREOCUPACIÓN

Baffigo también dio cuenta que un estudio de la agencia financiera internacional Fitchs Ratings advierte que EsSalud deberá tener mayores ingresos para seguir incrementando su inversión, sin deteriorar sus márgenes financieros.

 

“Esto puede lograrse incluyendo la contribución por gratificaciones de los empleados y teniendo un control mayor sobre los gastos operativos, entre otros factores”, dijo.

 

Sin embargo, dijo que un deterioro en los resultados operacionales y la no materialización en el apoyo, por parte del Gobierno, podrían afectar negativamente la perspectiva o la calificación de EsSalud.

 

INVOCACIÓN

La doctora Baffigo recordó que todo gobierno, por mandato imperativo de la Constitución, debe actuar como garante de la efectiva realización de los derechos humanos.

 

“Siendo la Seguridad Social un derecho fundamental, la ciudadanía espera que los poderes del Estado respeten y hagan respetar este derecho que alcanza a once millones de peruanos y peruanas”, refirió.

 

Añadió que la sostenibilidad financiera del Seguro Social debe ser motivo de especial preocupación de los actores involucrados.

 

“En la defensa del Seguro Social no estamos solos. En la defensa de la sostenibilidad financiera nos acompañan la Confederación de Trabajadores del Perú, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, la Federación Médica del Perú, el Foro de la Sociedad Civil ForoSalud, el Colegio Médico, representantes de las Universidades del Perú, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de organizaciones sociales de la comunidad, entre otros”, apuntó.

 

Señaló que distinguidos analistas como Elmer Cuba, Mirko Lauer, Kurt Burneo, Augusto Alvarez Rodrich, Pablo Secada, Cecilia Blume, Federico Salazar, Pedro Pablo kuczynski, entre otros, comparten la preocupación de EsSalud.

 

“La historia y los asegurados recordarán a quienes defendieron sin apasionamientos políticos a la institución, que es la columna vertebral de la salud de nuestro país”, indicó Baffigo.

 

Manifestó que el gobierno está apostando firmemente por la Seguridad Social. Dijo que lo contrario es crear las condiciones para que el próximo régimen se vea obligado a dictar medidas que por ahora son imprevisibles.

 

“Reiteramos nuestra invocación de acoger el pedido del Señor Presidente de la República para instaurar un diálogo oportuno, alturado, técnico y político en la búsqueda del bien común. Es decir, de la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias protegidas por la seguridad social”, concluyó.

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